Golpe nefasto al sector empresarial

Reglamento Conjunto de Permisos es un retroceso de décadas en la simplificación de procesos e incrementa el costo de hacer negocios en la isla.

Como un “abuso” calificaron hoy en conferencia de prensa las principales asociaciones comerciales de Puerto Rico al Reglamento Conjunto de Permisos, que esconde discrepancias con la Ley 161-2009, según enmendada, aparte de duplicar los costos y tener disposiciones retroactivas perjudiciales a las empresas, en especial a los pequeños y medianos negocios (pymes).  Cerca de una decena de organizaciones empresariales objetaron dicho Reglamento en conferencia de prensa.

“Estamos sumamente preocupados e indignados y lo tenemos que denunciar.  Ya es demasiada la carga que el gobierno impone en el sector empresarial, motor de la economía del país.  Queremos desarrollo económico y generación de empleos, pero la política pública contrasta con las acciones de sus agencias e interfiere con ese desarrollo que todos deseamos.  El recién aprobado Reglamento Conjunto de Permisos es incompatible con la ley del cual emana, duplica los requerimientos y gestiones e incrementa los costos de hacer negocios en la isla. Una de las mayores preocupaciones de los sectores empresariales aquí representados son los Códigos de Construcción aplicados de forma retroactiva, lo que impone requisitos adicionales muy onerosos.”, sostuvo Jorge Argüelles Morán, presidente del Centro Unido de Detallistas y portavoz del grupo.

La Ley 161 de 2009 y el Reglamento Conjunto se promulgaron para eliminar la burocracia en los procesos de permisos y certificaciones, así como viabilizar la gestión comercial en Puerto Rico.  Ha sido ampliamente reconocido, que el proceso de permisos en Puerto Rico ha representado un obstáculo en el desarrollo económico del país.  La ley 161 también insertó el Permiso Único, con  el fin de compilar todas las certificaciones y licencias de operación de un negocio en un solo registro.

“El mayor problema que enfrentan las empresas es que el permiso único se está considerando como un permiso nuevo, aun cuando el comercio lleve operando por décadas y algunas agencias, como Bomberos y la propia OGPe, aplican y exigen el cumplimiento con disposiciones del Código de Construcción y del Código Contra Incendios, de forma retroactiva.  Esta interpretación es errada y contradice el Código Internacional de Construcción, en el que se basó el de Puerto Rico”, expuso Enid Monge, presidenta de Empresarios por Puerto Rico.

Por su parte, Manuel Reyes, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), expresó que el reglamento también exige al comercio renovaciones anuales del permiso único de uso, a pesar de que la ley dispone que en ningún caso se requerirá la expedición de un nuevo permiso siempre cuando el uso previamente autorizado no haya cambiado o no haya sido interrumpido por más de 2 años.  “En estas renovaciones anuales exigen la presentación de múltiples documentos año tras año. También de pagos anuales.  Las disposiciones de este reglamento complican los procesos y son un retroceso de décadas en los adelantos logrados para facilitar y agilizar la gestión comercial”.

Por su parte, los presidentes de la Asociación de Detallistas de Gasolina y de la Asociación de Centros de Inspección, levantaron preocupación seria, ya que la OGPe requiere permisos de uso distintos para una misma operación.  Aludieron que esta exigencia tampoco está en la Ley Núm. 161, que sirve de base a este reglamento. “Quien único se beneficia del requisito de varios permisos de uso y de las renovaciones anuales es la empresa contratada para proveer el sistema de renovaciones, que le cobra al comercio por cada transacción”, planteó Roberto Echevarría, presidente de la Asociación de Centros de Inspección.

“Para que tengan una idea de lo absurdo de este reglamento, se le requiere a las funerarias tres permisos de uso distintos, uno para la capilla, otro para los servicios funerales y otro adicional para la sala de embalsamamiento, aun cuando los tres servicios están atados y son componentes de una misma operación y servicio. Esto lo aplican a todos los sectores empresariales. Nuestras certificaciones tienen vigencia de tres años, pero ahora con este Reglamento se cambia esta vigencia a periodos anuales.  Este cambio triplica nuestros costos de hacer negocios. El problema es que en la medida en que nuestros costos aumenten, no tenemos más opción que aumentar los precios impactando el bolsillo del consumidor, que ya de por sí está en mal estado.  El mayor problema es que la ley dicta una cosa y las agencias hacen otra”, sentenció Eduardo Cardona, presidente de la Asociación de Funerarios de Puerto Rico.

Por su parte, el sector de cuidado de envejecientes, hogares y establecimientos que tienen a su cargo el cuidado asistido de miles de adultos mayores, son el renglón que recibe el mayor impacto, puesto que Bomberos les está exigiendo de forma retroactiva la instalación de rociadores bajo una categoría institucional (I-2), que no es compatible con las estructuras de estos establecimientos, ya que es de aplicación a edificaciones grandes.

“De la forma en que lo está requiriendo Bomberos y OGPe, el 85% de los hogares en Puerto Rico no podrán cumplir, debido a retos estructurales.  Los hogares ubican en estructuras residenciales, que no pueden soportar el galonaje (18,000) que requieren los rociadores institucionales (I-2). Este hecho ha sido presentado a las agencias, incluso por peritos en el área.  Otro reto es, que estos rociadores tienen un costo que ronda en los $40,000 a $50,000, aunque este factor es secundario.  Imagínese, ¿De dónde un hogar que ofrece cuidado a la clase de mayor vulnerabilidad y de menor recursos económicos va a sacar dinero para esto sin verse obligado a aumentar los costos del servicio? Si aplicamos este requerimiento de forma retroactiva, como exige OGPe, ¿Qué vamos a hacer con los miles de envejecidos que residen en estos hogares, que necesariamente tendrán que ser desalojados para cumplir con los trabajos de construcción asociados a este requerimiento?, expresó José Luis Romero, dueño de hogar.

Tamara Pérez, presidenta de la Federación de Instituciones de Cuidado Prolongado (FICPRO), informó que el sector ha hecho todo lo posible por colaborar. Mencionó que se han presentado alternativas que pueden ser alcanzables y que apoyan los niveles de seguridad necesarios.  “El sector presentó la alternativa del panel inteligente contra incendio, que es una herramienta de prevención de vanguardia que están utilizando otras jurisdicciones y que su efectividad está reconocida por el National Association of Fire Prevention. De hecho, hemos estado en la disposición de acoger el requerimiento de este sistema de forma retroactiva, porque nuestros envejecidos son una prioridad para nosotros, pero nos hemos encontrado con un ambiente de poca apertura al dialogo, tampoco hemos visto voluntad de alcanzar un consenso.  La aplicación retroactiva, dispuesta en el reglamento Conjunto de OGPe, nos mata a todos los sectores empresariales”, puntualizó Pérez.”

Todas las organizaciones concluyeron en que un reglamento como este debió contar con una participación abierta, con un estudio de impacto económico y social, y nada de esto pasó, ya que fue aprobado de “emergencia” sin la celebración de vistas, reuniones o mayores consideraciones.  Concluyeron haciendo un llamado a la Legislatura a realizar enmiendas a la Ley para aclarar que los Códigos de Construcción son de aplicación prospectiva, tal como dispone el Código Internacional de Construcción y el Código Internacional de Edificios Existentes. También el aprobar el Proyecto del Senado 1219, para resolver el problema de la aplicación de este requisito a los hogares y centros de envejecientes en la isla. Igualmente, hicieron un llamado a la Gobernadora Wanda Vázquez para que tome acción sobre este tema de forma prioritaria.