- abril 3, 2020
- Posted by: cud-admin
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El Centro Unido de Detallistas (CUD) hizo un llamado urgente a la gobernadora Wanda Vázquez Garced para que acuda al gobierno federal, concretamente al presidente Donald J. Trump, para que se emitan las órdenes necesarias para eximir indefinidamente a Puerto Rico de las leyes de cabotaje (Ley Jones).
"Ante la pandemia que está afectando la economía mundial, Puerto Rico sufre el agravante de continuar bajo las leyes de cabotaje, atentando contra la salud de nuestro país, ya que encarecerá todos los productos que llegan a Puerto Rico vía marítima, que son prácticamente todos. Llevamos años abogando por el fin de estas disposiciones federales que obligan a Puerto Rico a usar la marina mercante de Estados Unidos de manera exclusiva y lo que se está promoviendo es generar opciones de transportación para abaratar costos", expresó el Dr. Jorge Argüelles, presidente del CUD".
“A estas alturas del siglo 21 nadie debe oponerse a eso. Cada familia puertorriqueña puede sentir el efecto del encarecimiento, tanto de la canasta básica, como la limitación en los productos para su salud y seguridad. Estados Unidos hoy sufre la emergencia de la pandemia y apenas puede producir lo necesario para la salud de ciudadanos que viven allí. Por lo tanto, ese efecto en cadena lo sufriremos aquí debido a las leyes de cabotaje", añadió Argüelles.
El Líder Detallista sostuvo, además, que “ante la pandemia por COVID-19 y la situación de emergencia nacional que se ha desatado en los Estados Unidos; Puerto Rico necesita adquirir el equipo médico y medicamentos, así como otros productos de indispensables.
"Estamos ante una emergencia que ya cobró un millón de vidas y sería un crimen tener que pagar de más para comprar lo que se necesita, además de que no sabríamos si llegará. Si alguien tenía dudas de la importancia de solicitar la exención de las leyes de cabotaje, este es el momento de la verdad. No queremos toparnos con una crisis peor en pocos días", sentenció Argüelles.
La exención administrativa que se le solicita al presidente Trump sería otorgada bajo las leyes vigentes, ante la inminente necesidad de la seguridad (46 U.S.C. § 501 (b)) de 3.7 millones de ciudadanos en Puerto Rico, como se hizo durante el huracán María. La diferencia está en que dicha exención debe ser indefinida por lo cambiante de los acontecimientos sobre la pandemia, aparte de que el transporte en barcos estadounidenses es 151% más caro, expone el CUD.
Finalmente, y en plena pandemia, según una misiva del Departamento de Justicia, existe el potencial de crear un monopolio, de completarse la fusión entre Tote Maritime y Empresas Luis Ayala Colón, que les daría el control de los puertos y posiblemente de los precios de la mercancía.
“Aquí debemos agregar el factor riesgo al monopolio que pretenden. Casi todo entra por un solo puerto, que bien pudiera cerrar por el COVID-19. Hay que impedir la concentración de estas dos empresas que tienen más del 80% y ya una reportó ayer empleados positivos al virus. Tomemos las medidas pertinentes para evitar consecuencias peores pudiendo tomar acción a tiempo”, concluyó Argüelles.
